
El dictamen emanado de la Contraloría General de la República, estableciendo que los consultorios de salud municipalizados y algunas organizaciones no gubernamentales no podrán distribuir la Anticoncepción de Emergencia, según lo establecido en el fallo del año 2008 del Tribunal Constitucional relativo a las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, es una muestra más de este extremo conservadurismo social, moral e institucional que prevalece en nuestro país, pero que sin duda no representa el sentir mayoritario de la población.
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