Carta Pública al Senado Chileno

Ante la próxima votación que realizará el Senado chileno respecto del Proyecto de Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, presentado por el Ejecutivo el 30 de junio pasado, y que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, numerosas organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar a senadoras y senadores la siguiente carta pública, donde les exhortan a respetar el espíritu original del proyecto, el que ha sido desvirtuado por indicaciones presentadas en su paso por Comisiones. Representantes de dichas organizaciones asistirán a la votación respectiva, la que en principio se realizaría el próximo miércoles 18 de noviembre, y presionarán para que el proyecto sea aprobado sin modificaciones.
Organizaciones, diversas en intereses y acciones, y unidas en la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas, en especial su derecho a decidir, en libertad y conciencia, sobre su vida, sexualidad y reproducción, queremos manifestar nuestro total rechazo por varias indicaciones formuladas al Proyecto de Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, mismo que será votado en el Senado en los próximos días.

Recordamos, en este sentido, que el objetivo central del proyecto es reconocer legalmente los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna, en materia de regulación de fertilidad, y el deber del Estado de garantizar esos derechos a través de sus programas y acciones de política pública. Efectivamente, y de forma significativa, el proyecto otorga una habilitación “para que todos los órganos de la Administración del Estado realicen planes, programas y acciones relativos a los derechos de la población a recibir información y orientación sobre regulación de la fertilidad, a recibir una educación para la vida afectiva y sexual, a elegir libremente y acceder a los métodos de regulación de la fertilidad”. Y al mismo tiempo establece que el Estado no puede imponer ni obligar a nadie a usar tal o cual método, ya que se trata de una opción autónoma que cada individuo adopta de acuerdo con sus propias creencias y valores. Enfatiza, por último, el respeto a la confidencialidad en la entrega de la información y orientación, la atención preferente del Estado hacia grupos vulnerables, y la necesidad de resolver la grave inequidad reproductiva que hoy prevalece en el país.

Estos objetivos, sin lugar a dudas, apuntan en la dirección correcta y necesaria, toda vez que se sustentan en derechos humanos consagrados internacionalmente, como son la libertad, la autonomía, la autodeterminación y la dignidad, entre otros, al mismo tiempo que toman en cuenta las necesidades prioritarias que emergen del actual contexto nacional en materia de salud sexual y reproductiva.

Por lo tanto, es lamentable que a través de indicaciones que van a contravía del espíritu del proyecto, se ponga en tela de juicio, por ejemplo, la confidencialidad de la atención de adolescentes o se pretenda calificar a priori –y desde ópticas más cercanas a la religión que a consideraciones científicas modernas– los métodos anticonceptivos que el Estado puede garantizar o no. Esto da cuenta, una vez más, del intento permanente de ciertos sectores que buscan imponer una forma de moral única para una sociedad que es intrínsecamente plural en valores y creencias y que, por tanto, requiere ser respetada en esa diversidad.

Si este intento, volcado en las indicaciones señaladas, es refrendado con la votación del Senado, se plasmará a través de un cuerpo legal una grave conculcación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, se infligirá un grave daño sobre la calidad laica del Estado chileno, y se afectará negativamente la naturaleza de un sistema democrático que se dice representativo de la voluntad popular mayoritaria. Recordemos, en este sentido, las innumerables demostraciones ciudadanas de respaldo al derecho y a la libertad de decidir de todas las personas, sin discriminación, realizadas en los últimos años.

Es por ello que en su función de representantes de esta ciudadanía diversa, les exhortamos a respetar cabalmente el espíritu original del Proyecto de Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad presentado el 30 de junio de 2009 por el Ejecutivo, pues de esta forma darán respuesta a las necesidades reales, concretas y más urgentes de la población, en especial de los sectores más desprotegidos, y contribuirán a mejorar sustancialmente sus condiciones de salud sexual y reproductiva. Este es un desafío ético, sanitario, de justicia social y de derechos humanos que hoy está en sus manos responder.