Chile y la PAE.

Se han aprobado fallos y resoluciones (Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República) que impiden la distribución equitativa de la anticoncepción de emergencia, la cual continúa siendo legal pero fuera del alcance de mujeres de menores recursos que se atienden en el sistema público y municipalizado de salud. Pero incluso las farmacias no garantizan la existencia del fármaco. Y también en este país se ha roto la confidencialidad médico-usuaria en casos de mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto inducido, con la consiguiente difusión pública de nombres de las afectadas y su posible enjuiciamiento. Esto va en contra del Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009 del Ministerio de Salud, que instruye a directivos de servicios de salud sobre trato humanizado y resguardo de la confidencialidad.