El dictamen emanado de la Contraloría General de la República, estableciendo que los consultorios de salud municipalizados y algunas organizaciones no gubernamentales no podrán distribuir la Anticoncepción de Emergencia, según lo establecido en el fallo del año 2008 del Tribunal Constitucional relativo a las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, es una muestra más de este extremo conservadurismo social, moral e institucional que prevalece en nuestro país, pero que sin duda no representa el sentir mayoritario de la población.Este hecho se articula, con un continuo de acciones destinadas a impedir a toda costa que las personas ejerzan en Chile su derecho humano a decidir libremente si quieren o no tener hijos, cuándo hacerlo o a no tenerlos, y que también busca coartar el derecho a vivir una sexualidad desligada de la reproducción y de modelos preestablecidos.
Los sectores conservadores que impulsan estas acciones, entre ellos, las jerarquías de partidos políticos, jerarquías eclesiásticas y sectores aliados, además de candidatos a cargos de representación popular, pretenden mantener a las mujeres en condición de subordinación y dominio, enfrentadas a un destino irrenunciable: la maternidad. Sin embargo, esta no se impone por discursos religiosos o morales ni por leyes represivas, solo por la decisión soberana y autónoma de cada mujer.
Fuente: Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual
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